Giovanni Carrión Cevallos Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

La muletilla de que la educación superior pública sería gratuita hasta el tercer nivel, a la final se convirtió en un efectivo instrumento para sumar adhesiones en el referéndum del pasado 28 de setiembre. Desde luego, en el período de campaña, lapso en el que se suele dibujar demagógicamente al “Ecuador de los Utópicos”, a este derecho constitucional no convenía cargarle de cortapisas; pues, era conocido que un mínimo porcentaje del electorado leería los 444 artículos de la Constitución, con lo cual el debate resultó ser marginal.

Lo cierto es que una vez proclamada la  victoria del oficialismo en las urnas, comienzan a brotar preocupaciones en la opinión pública y, particularmente, en los estudiantes universitarios, en torno a la aplicabilidad y alcance de la norma invocada.

Ahora, leyendo la “letra pequeña” del nuevo contrato social (Art. 356), resulta ser que la gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel, está indexada a la responsabilidad académica del educando; es decir, al desempeño del estudiante, el cual tiene como indicador de gestión a las calificaciones y aprobación de materias.
 
Con esta salvedad, lo que probablemente animó el espíritu del legislador, fue instaurar un mecanismo de recompensas o premios para los alumnos destacados, obligando al Estado a subvencionar la formación académica de todos los jóvenes involucrados cabalmente con su tarea de preparación.

Sin embargo, este tema en su integridad poco discutido y conocido, paradójicamente podría incluso provocar un efecto contrario al que se espera, produciendo aquello que nos dice Jesús Palacios, en cuanto a que las instituciones educativas terminen “favoreciendo a los favorecidos y desfavoreciendo a los desfavorecidos”.

Y para explicar ese potencial escenario, bien vale recordar el análisis bourdieuano, en cuanto a reconocer “que la escuela contribuye a la reproducción de las relaciones de clase a través de un dispositivo específico: la acción pedagógica”, la cual se aplica sobre niños y jóvenes con diferente acceso al capital cultural, el mismo que está supeditado a la distribución o posicionamiento del individuo en el espacio social. Así, “los hijos de las clases medias acomodadas tendrán más roce con el tipo de cultura que se imparte en la escuela y, por tanto, tendrán mayores competencias para aprenderla. Los jóvenes de clase media baja y baja, al contrario, tendrán mayores dificultades para vincularse con ese tipo de cultura”.

Esta realidad social determina que no todos los estudiantes universitarios del sistema público inicien su carrera en igualdad de condiciones. En efecto, en el acceso al conocimiento, -en términos generales- no es lo mismo un estudiante secundario proveniente del área rural frente a uno urbano. Igual asimetría se observa de una provincia satélite hacia una central.

Entonces, si se desconoce esa diferencia producto de la desigualdad social y más bien se la asimila como algo  “normal”, al ubicar la responsabilidad académica en el campo simplista y maniqueo de lo ‘bueno’ o ‘malo’ que pueda ser el educando, abstrayéndolo de su entorno socioeconómico, no sólo que se refuerza el sistema de exclusión, sino que a despecho de las fuerzas de izquierda se trabaja a favor de su aceptación.