23 / 02 / 2019

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Hallazgos de Contraloría tras examen a la Universidad Nacional de Loja

Publicado en Loja Escrito por  Junio 12 2018 tamaño de la fuente disminuir el tamaño de la fuente aumentar tamaño de la fuente
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La Contraloría General del Estado, organismo técnico de control encargado constitucionalmente de precautelar el buen uso de los recursos públicos, informa que, con fecha 30 de enero de 2018, se aprobó el informe del “Examen Especial a los procesos de desvinculación, selección, reclutamiento, nombramientos, contratación, encargos e ingreso de personal y sus remuneraciones, en la Universidad Nacional de Loja y, entidades relacionadas, por el período comprendido entre el 22 de junio de 2015 y el 30 de agosto de 2017”.

En el documento que contiene el informe número DR4-DPL-0001-2018 se establecen las siguientes observaciones:

1.Medidas implementadas por la Comisión Interventora y de Fortalecimiento institucional (CIFI) fueron desacatadas por autoridades universitarias y denunciadas ante Contraloría. Esto llevó a que la CIFI ejecutara actos administrativos, cesando en funciones a autoridades, docentes y servidores, sin considerar que esa no era su función y sin informar las novedades al CES.

2.En el proceso de intervención de la universidad no se efectuaron acciones de control relacionadas al proceso de designación y remoción de autoridades académicas y administrativas, docentes y demás servidores y tampoco se identificaron los motivos por los que las autoridades de la universidad rechazaron estas medidas. Lo que llevó al agravamiento de conflictos entre la comunidad universitaria y la Comisión Interventora.

3.No se aplicaron acciones de formulación y trámite de aprobación de los planes de Talento Humano en los períodos económicos 2016 y 2017, lo que ocasionó que no se cuente con un instrumento técnico que justifique la necesidad institucional para designación de autoridades académicas, administrativas, docentes y demás servidores y que no haya evidencia sobre si su vinculación cubrió la demanda laboral de la Universidad.

4.El concurso de oposición y méritos no se sujetó a necesidades institucionales lo que afectó principios de transparencia, equidad, inclusión e igualdad para postulantes. Tampoco se prestaron condiciones para evaluar la idoneidad de los participantes al declarar ganadores a personas con un puntaje inferior al mínimo establecido. Al vincular a los ganadores del concurso con acciones de personal que no fueron debidamente legalizadas, se propiciaron conflictos que los obligaron a iniciar acciones de protección para asegurar su integración a la universidad y en algunos casos, estas acciones fueron rechazadas.

5.La CIFI dispuso la remoción y designación de autoridades, entre decanos, coordinadores y otros servidores, bajo medidas urgentes que no fueron acatadas por el rector. Esto llevó a que la Comisión suscribiera acciones de personal, atribuciones que no estaban previstas en sus competencias.

6.No hay evidencia de que las autoridades designadas bajo medidas urgentes por la CIFI, cumplieran con todos los requisitos para su designación. La misma irregularidad se encontró en autoridades académicas nombradas en la universidad.

7.La CIFI emitió una medida urgente en la que se terminaba los contratos de 24 docentes, a favor de los ganadores del concurso de oposición y méritos. Autoridades de la Universidad apelaron esta decisión y las acciones separadas de estos organismos, propiciaron que docentes contratados laboren sin que la Universidad cumpla con los pagos de sus remuneraciones.

8.La vinculación de personal para cursos de nivelación se llevó a cabo sin que haya la disponibilidad presupuestaria y sin que se haya regularizado las fuentes de financiamiento ni los instrumentos legales para cumplir con las obligaciones de pago.

9.Se incrementó el costo por hora de los honorarios de docentes, sin considerar las especificaciones técnicas en las que ya se establecía un costo fijo.

10.Se contrató personal ocasional sin el informe favorable de Talento Humano y sin que la CIFI aprobara su ingreso al distributivo de remuneraciones. Esto derivó en la inobservancia de las garantías laborales del personal y que hasta el 30 de agosto de 2017 no se les haya cancelado remuneraciones y beneficios, habiendo prestado sus servicios desde marzo.

Ante estos hallazgos, el organismo de control emitió las recomendaciones respectivas que permitan dar solución a las irregularidades y problemas encontrados en el examen. Cabe señalar que el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, establece que las recomendaciones de la entidad son de carácter obligatorio y deben ser aplicadas de manera inmediata, tras haber sido comunicadas. Estas serán objeto de seguimiento y su inobservancia será sancionada por el organismo de control.

La Contraloría predeterminó las sanciones respectivas en contra de los funcionarios responsables.(I).

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