14 / 12 / 2019

Archivo Loja, Ecuador

Antonio C. Maldonado

Antonio C. Maldonado

 

Por fin, luego del entretenido va y viene entre Asamblea y Ejecutivo del ahora denominado por el Gobierno, Plan de Reactivación Económica, por mayoría de votos se aprobó en la Asamblea Nacional el Presupuesto General del Estado para el ejercicio del año 2020 y además vigilar su ejecución, en conformidad a lo dispuesto en el numeral 12, del Art. 120, de la Constitución de la República, que en ninguna parte se refiere a proyectos o planes de reactivar la economía si no exclusivamente al Presupuesto.


 

Han transcurrido dos años y medio de ejercicio del actual gobierno y los problemas fundamentales que afectan a la ciudadanía adolecen de parálisis, esto es, el agudo y creciente desempleo que mantiene estancada y en proceso de liquidación a la clase media y en hambre y miseria a los herederos del infortunio; la salud y educación en crisis igual que la seguridad social; y, la inseguridad ciudadana afectada drásticamente por la delincuencia criolla y las mafias internacionales, así como el incontrolable desbarajuste vial público y privado  que pese a las diarias y plausibles tareas que cumplen los organismos del Estado, invirtiendo cuantiosos recursos económicos que tanta falta nos hacen así como en el control y requisa de toneladas de estupefacientes por aire, mar y tierra, que según informan los medios de comunicación están valorados en millones de dólares, decomiso que nadie lo agradece ni contribuye a solventar el gasto que ocasiona.


 

La resolución de la Asamblea Nacional de no aprobar y disponer el archivo del Proyecto para el Crecimiento Económico enviado por el Ejecutivo, pese al esfuerzo realizado para su aprobación, aumenta la delicada y frágil desestabilización administrativa del Gobierno Central que se agudizó en los aciagos momentos que padecimos los ecuatorianos por las movilizaciones encabezadas por los sectores indígenas del país de las cuales se aprovecharon grupos delincuenciales para cometer fechorías en locales públicos y privados, situación preocupante que se agrava con lo sucedido en la Función Legislativa, que desarticula la aparente mayoría del Ejecutivo.


 

Aunque aún no se convoca oficialmente a los comicios para elegir al presidente de la República y asambleístas, estamos en plena campaña electoral, ya que, siguiendo el ejemplo del presidente imaginario autoproclamado de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido por muchos países menos por el pueblo venezolano, en nuestro país políticos y politiqueros, sin que nadie los nombre pregonan en los medios de comunicación su candidatura a la Presidencia de la República sustentados en el cuento de nunca acabar de la lucha contra la corrupción del anterior y actual gobierno, marginando la delincuencia organizada y callejera que brota con mayor fuerza en las calles de la urbe pese al control y represión policial, que en algunos casos opera con excesiva violencia, en lo que no deben excederse, ya que hay el principio universal: que la violencia del sector público genera violencia en el privado.


La minería es una de las actividades más antiguas de la humanidad, el hombre usaba algunos minerales para la fabricación de armas y herramientas, actualmente es una función del sector primario dedicado a la extracción de los minerales que se han acumulado en el suelo y subsuelo como la metálica: oro, plata, cobre, plomo etc., los energéticos: petróleo y gas natural y los de cantera y construcción: mármol, mica, arcilla, zafiro, etc. que han sido utilizados en grandes cantidades por los imperios de la antigüedad y hasta el presente para la construcción y materia prima de joyería y ornamentación; los atenienses construyeron en veneración de sus divinidades el Partenón con mármol y posteriormente el Coloso de Rodas con bronce.


 

Huérfana de respaldo popular la oprobiosa dictadura militar que detentó el poder hasta 1979 y se la obligó a declinar el poder, iniciamos las cuatro décadas del denominado período de retorno a la democracia luego de una consulta popular y luego de que el abogado Jaime Roldós Aguilera, asumiera la Presidencia Constitucional de la República cuyo ejercicio fue muy corto por su fallecimiento en el nunca esclarecido accidente de aviación ocurrido en nuestra provincia y le correspondió ocupar la presidencia a Oswaldo Hurtado Larrea, lo que produjo un cambio diametral en los objetivos presidenciales del abogado Roldós, simbolizados en la Carta de Conducta de Riobamba en defensa de la democracia, el Estado de derecho y la prevalencia de los derechos humanos; resulta entonces en estas circunstancias que el retorno a la democracia se convirtió en regreso a la aristocracia, esto es, al sistema de gobierno que solo ejercen el poder las clases dominantes y actualmente es de nuevo la denominada partidocracia.


 

En el actual gobierno que no pasa del infructuoso diálogo transparente, cada día aparecen nuevos conflictos que afectan directamente o preocupan a la colectividad y obstruyen o estancan el normal desenvolvimiento de la administración pública que todos esperamos sea beneficiosa; lo que no acontece y continuamos abrumados por el diario descubrimiento  que funcionarios del gobierno y periodistas realizan sobre delitos o infracciones cometidos durante el gobierno anterior del que fue parte importante y fruto de esa agrupación política para que ocupe la Presidencia de la República, que está ejerciendo, debiendo preocuparse de dar solución  aunque  recurriendo a los fondos del IESS, como  lo hace todo gobierno, ahora para atender el problema de los maestros jubilados que estuvieron en huelga de hambre por 16 días en Quito; asunto que se ha convertido en problema nacional ya que no solo afecta a quienes reclaman el pago de su dinero sino también a sus familiares y  a los educadores que posteriormente accedan a este beneficio dispuesto en la ley. Pero lo más grave la inseguridad ciudadana que se agudiza con la pugna entre la alcaldesa de Guayaquil y la ministra del Interior, que me recuerda el adagio popular “el amor y los celos son hermanos gemelos”. El despido y desocupación creciente de servidores públicos por un lado y el aumento de 2000 policías por otro que también son servidores públicos, presumiblemente se trataría de convertir al país en Estado policía como  en la dictadura de Francisco Franco en España. La desocupación en aumento que se sobredimensionará con el incontenible flujo de migrantes colombianos y venezolanos atraídos por el dólar. 


 

Estimo que la mayoría de ecuatorianos y posiblemente de los países del tercer mundo, entretenidos en conflictos sin solución, como nos sucede   a nosotros, desconocen lo que acontece a nivel interplanetario.

 


A treinta días mutilados por el “carnavalazo” y en un ambiente de inseguridad y violencia fruto en gran parte por el creciente y sin visos de solución desempleo que llena de desesperación a cientos de miles de hogares, en cumplimiento de la consulta popular del 2018, corresponde la complicada elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que reemplazará al transitorio con iguales y aspirando a mayores atribuciones que las que ejerció el transitorio.


Hace pocos días el consejero presidencial, Santiago Cuesta nos dio una escalofriante noticia o anuncio sobre la creación de dos nuevas empresas públicas a las que se pasarán los activos del servicio de telecomunicaciones, CNT, y de todas las empresas eléctricas existentes en el país para concesionar sus administraciones por 20 y 25 años, mediante licitaciones, esto es, para que intervengan con sus miles de millones las empresas transnacionales y las privadas del país. El pueblo por medio de sus organizaciones clasistas está impedido de intervenir en esa subasta millonaria a sabiendas que esto afectará su escuálida economía ya que en las actividades diarias tanto el servicio eléctrico como el de comunicación se han tornado vitales, como el agua, el aire, la vivienda, medicinas etc., que los necesitan y utilizan cuotidianamente infantes, jóvenes, adultos y ancianos.


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