18 / 09 / 2019

Archivo Loja, Ecuador

Cerca de $ 10 millones le cuesta al Estado la destitución, en 2004, de 27 jueces de la CSJ

Cerca de $ 10 millones le cuesta al Estado la destitución, en 2004, de 27 jueces de la CSJ

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“Es un atropello vulgar (...)”, expresó indignado el expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Hugo Quintana, el 9 de diciembre de 2004, a la prensa. Él y la mayoría de jueces se negaban a abandonar la CSJ desde la medianoche del día anterior, al conocer que la mayoría ‘institucional’ del Congreso Nacional (Prian, PRE, PSP, MPD, PS-FA, DP y CFP) decidió cesarlos en sus funciones, tras un acuerdo político y a solicitud del Gobierno de ese entonces, liderado por Lucio Gutiérrez (PSP).


A las 13:00 de ese día, los magistrados de la CSJ fueron desalojados por la Policía. Para ello, recurrieron al engaño para que los jueces se acercaran a la puerta de ingreso; allí, a empujones y con bombas lacrimógenas, los expulsaron del edificio.

En su lugar asumieron 27 jueces mayoritariamente cercanos al Partido Renovador Institucional Acción Nacional (Prian), de Álvaro Noboa, y al Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), de Abdalá Bucaram. Solo 4 jueces fueron ratificados en sus cargos. El 13 de enero de 2005, Guillermo Castro, alias ‘Pichi’, asumía la presidencia de la CSJ.

Acuden a entes internacionales

Casi un mes después, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió una denuncia presentada por los 27 magistrados cesados contra el Estado ecuatoriano, por la violación de las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Los jueces adujeron que el Gobierno y el Congreso los separaron de sus cargos de manera ‘irregular’ y ‘arbitraria’, porque se desconocieron los procedimientos constitucionales, no hubo garantía de debido proceso y tampoco la posibilidad de contar con un recurso judicial frente a dicha decisión.

Se presentaron a instancias internacionales porque “el amparo judicial era ilusorio por el contexto en que se dieron los hechos y con base en la denegación de justicia respecto de los vocales del Tribunal Constitucional”, según la denuncia.

El 31 de marzo de 2011 la CIDH emitió un informe favorable para los jueces, señalando que Ecuador debía “reincorporar a las víctimas, si así lo desean, al Poder Judicial (...)” y si no era posible, el Estado debía pagarles una indemnización.

Además, tenía que cancelar a los jueces “los salarios y beneficios laborales y/o sociales dejados de percibir desde el momento en que fueron cesados”. Finalmente, el Estado estaba obligado “a adoptar medidas de no repetición y asegurar garantías en la designación, permanencia y remoción de jueces y juezas”.

Sin embargo, estas recomendaciones no fueron acatadas por el Gobierno de ese entonces en un plazo límite de 60 días, por lo que la demanda fue trasladada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), la cual, el 23 de agosto de 2013, ratificó la culpabilidad del Estado por la vulneración de las garantías judiciales en este caso.

La CorteIDH sancionó al Estado por incumplir con la disposición del artículo 8 de la Convención Americana, que garantiza el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías en cualquier acusación formulada contra ella.

Además, por faltar a los artículos 23 sobre derechos políticos; 24 de igualdad ante la ley; 25 sobre protección judicial; 2 sobre el deber de adoptar disposiciones de derecho interno; y 9 que se refiere al principio de legalidad y de retroactividad.

Por lo tanto, dispuso el pago de $ 60 mil de indemnización para cada uno de los jueces destituidos; el pago de $ 409.985,61 por daño material para 19 (c/u) de los 27 cesados (ver caja de datos); y por daño inmaterial, $ 5.000 a todos.

Dichos pagos debían realizarse en 3 partes cada 30 de marzo, hasta 2016. El primero se realizó en 2014 y en febrero de 2015 se iniciaron conversaciones para el segundo.

Este diario se comunicó con Quintana, representante de los afectados, para confirmar si ya les pagaron. No obstante, si bien contestó la llamada, se excusó de hablar “por falta de tiempo”.

Asimismo, el Estado debía pagar $ 15 mil por costas y gastos a favor de los abogados de los cesados: David Cordero y Ramiro Ávila. Es decir, al Estado le cuesta casi $ 10 millones la decisión adoptada por 51 diputados la madrugada del 9 de diciembre de 2004 (ver infografía).

Constitución de 2008 contempla el derecho de repetición

Dentro de la defensa de los magistrados cesados, se hace referencia al papel que jugó el gobierno de Lucio Gutiérrez en la conformación de la mayoría ‘institucional’ del Congreso Nacional y “presionó para que se destituyera a los jueces” y se instalara la ‘Pichi’ Corte para allanar el camino para el regreso de Bucaram, del exvicepresidente de la República, Alberto Dahik, y del exmandatario Gustavo Noboa.

El Gobierno, primero, “conformó una mayoría afín a su conveniencia política y luego convocó (el 5 de diciembre de 2004) a un período extraordinario de sesiones sobre un tema que no estaba dentro de sus competencias”, según se lee en el documento de la CIDH. El tema a tratar fue la situación jurídica constitucional de la Función Judicial.

La Constitución de 2008 establece, en los artículos 11, inciso 9, y 290, el derecho de repetición, por lo que, una vez cancelada la indemnización del Estado a los exjueces destituidos, la misma se cobrará a quienes fueron responsables de esos hechos. Así lo ratificó el vicepresidente del Ecuador, Jorge Glas, en 2013. (I)



Datos

Los 27 magistrados que fueron favorecidos en la sentencia de la CorteCIDH son: Hugo Quintana Coello, Alfredo Contreras Villavicencio, Teodoro Coello Vásquez,

Santiago Andrade Ubidia, José Julio Benítez Astudillo, Armando Bermeo Castillo, Eduardo Brito Mieles, Nicolás Castro Patiño, Galo Galarza Paz, Luis Heredia Moreno, Ángel Lescano Fiallo,

Galo Pico Mantilla, Jorge Ramírez Álvarez, Carlos Riofrío Corral, José Vicente Troya Jaramillo, Rodrigo Varea Avilez, Jaime Velasco Dávila, Miguel Villacís Gómez, Gonzalo Zambrano Palacios,


 

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