23 / 09 / 2018

Archivo Loja, Ecuador

Sobre la vulneración de los derechos procesales de Correa (I).

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Rómulo Salazar Ochoa Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

La vinculación penal del expresidente Rafael Correa al “caso Balda” genera profundas preocupaciones, en particular entre los abogados, pues sus vacíos jurídicos no solo vulneran en diversas formas el derecho al debido proceso, sino que estas generarían prácticas irregulares en la casuística procesal de la administración de justicia del país. Preocupa también el silencio que en ello han asumido los colegios de abogados, las escuelas de Derecho, las asociaciones de estudiantes de Derecho, los organismos locales de derechos humanos; silencio que incluye a los jueces en general de la república.

Cabe referir en este primer acápite que, entre otros trascendentales aspectos, la defensa jurídica del expresidente Correa reivindicó en forma oportuna el derecho del acusado a que la Asamblea Nacional se pronunciara como lo había requerido la jueza Daniella Camacho sobre la autorización de su enjuiciamiento, al tenor del artículo 120 numeral 10 de la Constitución como uno de los requisitos de procedibilidad previstos en los artículos 592 y 593 del COIP.

Algunas voces pretendieron que habiendo cesado en sus funciones no le correspondía al expresidente acogerse al derecho de inmunidad; olvidaban que de acuerdo a los principios de interpretación de la Constitución, artículo 427, el derecho de inmunidad previsto en la citada disposición no se refiere al tiempo en que ejerce tales funciones sino también a los efectos de dicho ejercicio que pueden generar acciones penales sustentables o no aún después de haber concluido el período de duración del cargo, las mismas que en todo caso siguen siendo de interés del Estado su defensa o su condena, correspondiéndole así expedir o negar dicha autorización.

Extrañamente la Asamblea eludió el pronunciamiento requerido al calificar de “improcedente” el auto o decisión judicial que en tal sentido había expedido la jueza, como si dicha Asamblea tuviera facultades para calificar las providencias de un juez como “procedentes” o “improcedentes”, cuando su deber, conforme a la norma citada, era “autorizar” o “negar la autorización” de vinculación penal. Incluso esa singular declaratoria de “improcedencia” no ha sido motivada, desacatando, en su condición de <<autoridad pública>> el literal l) del artículo 76 de la Constitución, con la circunstancia adicional de que esa resolución diminuta en derecho e ilegal tampoco tuvo el voto de los 2/3 de sus miembros como exige el citado artículo 120.

Se advierte que, también extrañamente, el fiscal general encargado, Paúl Pérez Reina, tampoco había fundamentado su decisión de vinculación comunicada a la jueza y tampoco ella le requirió o exigió tal fundamentación sin la cual ella misma no podría “fundamentar su petición” a la Asamblea a la luz del citado numeral 10 del artículo 120 de la carta política que expresamente le dispone fundamentar la petición de dicha “autorización”.

Es evidente, pues, que la petición de “autorización” para procesar al exmandatario no podía ni puede ser una petición cualquiera, escueta, de dos o tres renglones, sino, una petición explicativa, trasladando los hechos en los que el fiscal sustenta su decisión de vincularlo al proceso, no solo porque las decisiones de la autoridad pública deben ser motivadas sino porque su omisión genera ineficacia y limitaciones graves igualmente ineficaces en la gestión de otros funcionarios y porque de ello depende que el potencial procesado de acuerdo con los literales a, b y c) del citado artículo 76 pueda preparar su defensa para la audiencia de vinculación, pues ya en ese mismo momento debe comenzar a ejercerla o en su defecto, como se ve, improvisarla. Incluso cabe preguntarnos, ¿cómo podría la misma Asamblea Nacional debatir el requerimiento en mención para decidir si hay o no mérito político o jurídico para expedir dicha autorización, si como vemos en este caso, la petición del juez o de la jueza no contiene los hechos que llevan al fiscal a vincular al mandatario o exmandatario en el delito que origina el proceso penal?

La declaratoria de “improcedencia” emitida por la Asamblea no corresponde al requerimiento de autorización que en forma “expresa” debía expedir dicha entidad. En falta de dicha “autorización”, la jueza no pudo continuar el trámite de vinculación del expresidente Correa solicitada por el fiscal general “encargado”; debió negar la convocatoria a la audiencia penal de vinculación procesal y ordenar el archivo del expediente en aplicación precisamente del artículo 225 del COIP por el que le corresponde garantizar los derechos procesales del imputado igual que los del presunto ofendido. Los jueces penales en su respectivo nivel son “garantes de los derechos procesales” de las partes, correspondiéndoles, bajo su responsabilidad, la estricta observancia de las citadas disposiciones legales y constitucionales.(O).

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