23 / 09 / 2019

Archivo Loja, Ecuador

El consumo de drogas en espacios públicos

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Hace pocos días el Concejal Darío Loja Reyes promovió una reunión de trabajo con el propósito de debatir entre autoridades un proyecto de ordenanza que regule el consumo de alcohol y otras drogas en espacios públicos del cantón Loja.

En el mes de mayo del año 2014, bajo la administración del actual Alcalde se promulgó la “Ordenanza que declara al parque de San Sebastián como espacio del arte y la cultura libre del consumo de alcohol y drogas”, cuyos resultados no se conocieron a cabalidad.

La extinta Secretaría Técnica de Drogas, como entidad rectora en el abordaje del fenómeno socio económico de las drogas, elaboró una ordenanza tipo que buscaba prevenir el consumo indiscriminado de licor y drogas en lugares como calles, avenidas, puentes, plazas, parques, aceras, mercados y otros espacios públicos, que fue socializada entre algunos municipios del país aunque los resultados no fueron los esperados por la escasa acogida. En la provincia de Loja de los 16 cantones, 5 Municipios adoptaron esa iniciativa.

En lo que respecta a la parte sancionatoria la ordenanza propuesta establecía tres tipos: trabajo comunitario, capacitación y sanciones económicas. En algunas jurisdicciones se estableció el pago de multas y hasta 40 horas de vinculación comunitaria, así como la participación en un taller para conocer los efectos del consumo de alcohol y sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

En el proceso de validación de la propuesta de dicha ordenanza, que se llevó a cabo con la participación de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, se llegó a la conclusión que es necesario pasar de la sanción a la prevención integral. No faltaron las voces de quienes argumentaban que la ordenanza no tendrá efecto alguno si no se establecen sanciones. El ex presidente Rafael Correa llegó más allá al proponer a la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, calificado por el CAL el 15 de febrero de 2017, cuyo artículo 7 reza a la letra: “Agréguese a continuación del último inciso del artículo 220 otro inciso con el siguiente texto: “Tal tenencia o posesión debe limitarse a la residencia del consumidor. No se podrá alegar la no impunidad de la tenencia o posesión de sustancias estupefacientes o psicotrópicas para uso o consumo personal en zonas donde se encuentren centros educativos, lugares de trabajo, parques, centros religiosos o lugares públicos similares. En tal caso se aplicará la sanción aplicable a la mínima escala”. El referido artículo 220 trata sobre el tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.

El propósito del Concejal Loja Reyes se justifica plenamente y debe ser respaldado, primero porque se ampara en las competencias asignadas por la Constitución y la ley, y luego porque su alcance mira los impactos y consecuencias sociales y de seguridad ciudadana que se generan por la relación e incidencia de los individuos, la familia y la comunidad con las drogas. Evidentemente que para ello debemos mirar al ser humano como el eje central de nuestras intervenciones, respetando sus derechos y libertades, como la de no criminalización de los consumidores, pero también conscientes que esa la libertad del consumo de alcohol y otras drogas encuentra sus límites en el derecho de los demás, especialmente a un ambiente sano, seguridad y mejor calidad de vida.

Una propuesta de esta naturaleza debe priorizar la prevención integral comunitaria sustentándola en la información amplia y suficiente para hacer conocer la existencia de un problema social que es evidente en nuestra sociedad, especialmente entre niños, jóvenes y adolescentes, así como el conocimiento sobre los problemas asociados (VIH/ SIDA, entre otros), de esta manera lograremos sensibilizar al sujeto procurando despertar sus sentimientos para que tome conciencia sobre las circunstancias que rodean al consumo de alcohol y otras drogas y las graves secuelas que producen a la salud y la sociedad. Adicionalmente determinar sanciones de orden administrativo, porque otras, como la concebida por el ex presidente Correa, tienden a la criminalización del consumidor lo que resulta inconstitucional, como determina el artículo 364 de la Carta Magna.

 

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