09 / 04 / 2020

Archivo Loja, Ecuador

Y, sin embargo, no se endurece el castigo contra la corrupción…

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Por calles y plazas se puede escuchar que buena parte de la obra social del Régimen es importante, pero que la misma contrasta con la obstinación represiva en el que la norma es tratar a quienes se atreven a disentir públicamente, con persecución, multas, detenciones e incluso con peticiones que corresponden a otras funciones como es el caso de la profesora Mery Zamora.


Desde la cofradía afín al sistema se manifiesta que “las protestas son políticas con la clara intención de desestabilizar al Gobierno…, que se han quedado anclados en la lucha contra el neoliberalismo del pasado”. Claro que sí, toda protesta, toda lucha es política, no obstante la represión o los protervos calificativos a las últimas protagonizadas por los sectores populares responden a una falta de tradición democrática de los convidadores de Carondelet, en la que el respeto a los ciudadanos no existe. En lugar de dialogar con los sectores que piensan diferente o de escuchar sus demandas, se le considera enemigos potenciales y desestabilizadores a los que hay que acallarlos.
Los sectores populares, unos almorzando en Palacio y otros cuasi sin almorzar, coinciden en respaldar la democracia, pero la democracia participativa, de estar contra la derecha opresora. Los que marchan y los que contramarchan dicen que movilizan con responsabilidad social, a fin de “apoyar” o de “protestar” para que el Gobierno no siga descargando las consecuencias de la crisis capitalista sobre la clase obrera y sectores populares.
Por otro lado, el oficialismo escudado en el relativo éxito de su obra social, para justificar su comportamiento represivo, no duda en utilizar sus medios de comunicación para, como en una especie de terrorismo propagandístico, erigirse en los salvadores de la libertad y la democracia, encarcelando jóvenes que portan escarapelas y panfletos del “Che”.
Disponen la aprobación de leyes que convierten en terrorista a cualquier ciudadano que convoca a la reflexión y análisis de las leyes que pretenden criminalizar la protesta popular y convertir derechos fundamentales en delitos. Y, sin embargo, no se endurece el castigo contra la corrupción ni contra otros delitos cometidos por los aduladores del Régimen. La idea es garantizar su permanencia sin opositores.
La respuesta popular ante la vulneración de sus derechos fundamentales, pasa por la firmeza ideológica, indudablemente de ciertos líderes que desafían al sistema no para desestabilizarlo, sino para enderezarlo.

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